Portal de Transparencia

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023

Las funciones y competencias del Ayuntamiento de Betancuria quedan determinadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local  y  por la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

Los municipios, como entidades locales básicas de Canarias, gozan de personalidad jurídica propia y de autonomía plena para el ejercicio de sus competencias. Su gobierno, representación y administración corresponde a los ayuntamientos.

Además de sus competencias propias, les corresponderá el ejercicio de las que les sean transferidas por leyes del Parlamento de Canarias o delegadas por el Gobierno, por los cabildos insulares u otras administraciones públicas. Las transferencias y delegaciones llevarán incorporadas los medios económicos, materiales y personales que correspondan.

En todo caso, los municipios, de acuerdo con el apartado anterior, podrán ejercer competencias, entre otras, en las siguientes materias:

1. a) Consumo.
2. b) Cultura.
3. c) Deportes.
4. d) Educación.
5. e) Empleo.
6. f) Juventud.
7. g) Medio ambiente.
8. h) Urbanismo.
9. i) Patrimonio histórico.
10. j) Igualdad de género.
11. k) Protección civil y seguridad ciudadana.
12. l) Sanidad y servicios sociales.
13. m) Transporte.
14. n) Turismo.
15. ñ) Vivienda.
16. o) Actividades clasificadas y espectáculos públicos

El Estado, la Comunidad Autónoma, los cabildos insulares u otras administraciones públicas pueden delegar el ejercicio de sus competencias ejecutivas en el municipio, conservando la titularidad la administración delegante.

Los cabildos insulares asisten a los municipios y cooperan con éstos para la prestación de los servicios públicos municipales. Los cabildos insulares prestan los servicios de tratamientos de residuos y prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 5000 y 20.000 habitantes, respectivamente, cuando no vengan siendo prestados por éstos. En los municipios de más de 20.000 habitantes, la asistencia y cooperación de los cabildos insulares se solicita por el ayuntamiento y se formaliza mediante un convenio de colaboración.